Planificación – Fiscal . com

Los ediles han dado el pistoletazo de salida a una nueva treta recaudatoria. Amenazan con ralentizar los trámites burocráticos urbanísticos de las filiales de bancos y cajas –los que tienen más suelo hoy en día– y, en menor medida, de los promotores, si éstos no aceptan pagar a los ayuntamientos el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la tasa por prestación de servicios urbanísticos en los Planes Parciales y en los proyectos de urbanización derivados de la ejecución de dichos Planes.

Prácticas que son del todo ilegales, según ha reiterado el Supremo en varias sentencias. En los años de bonanza los promotores aceptaban sin problemas satisfacer ese impuesto revolucionario a cambio de no romper las buenas relaciones con el consistorio y de no retrasar las obras.

Ahora que las cuentas no les salen a los alcaldes, los consistorios están amenazando con poner trabas a quienes no pasen por el aro. Así, avisan a las filiales inmobiliarias de bancos y cajas y a los promotores tradicionales de que les retrasarán los trámites si no aceptan esos tributos.

En primer lugar, se les advierte de que “la licencia de primera ocupación puede tardar 8 días o 15 meses en ser concedida”, asegura Lucio Rivas, socio del bufete Urbe Asesores y técnico urbanista. En segundo lugar, los ayuntamientos amenazan “con no recepcionar las obras de la urbanización”, con lo cual “obligan al promotor a crear una entidad urbanística de conservación, que implica que es el empresario el que debe pagar la luz, el mantenimiento de la urbanización, la limpieza viaria o la recogida de basuras hasta que se vendan las casas”, añade Rivas.

O, incluso, el edil de turno puede decidir no recepcionar la obra, con lo cual es el empresario el que ha de pagar todo, y no los propietarios.
Pese a que en muchos casos es más barato satisfacer el peaje fiscal que litigar, los promotores han puesto en conocimiento de los abogados estas prácticas y han abierto una batalla legal aún mayor que la que se desató al final del boom inmobiliario. Además, ahora el sector financiero está en su mismo bando.

Quiebra

Esta práctica burocrático-fiscal amedrentadora se ha generalizado, pero los expertos destacan el alto número de casos en Madrid y en la Comunidad Valenciana. “A los ayuntamientos se les acaban los fondos, el tiempo y los recursos, porque no pueden exprimir más el maná del ladrillo”, asegura Rivas.

Y añade: “A los promotores no les interesa llevarse mal con los alcaldes, pero antes de hundirse van a pleito. Ahora son pocos los que ceden a la presión de las corporaciones locales, aunque los pleitos se puedan alargar durante siete u ocho años”.

Cada vez hay más ayuntamientos en quiebra técnica –fuentes del PP aseguran que alrededor del 30% del total–, así que muchos recurren a otro trueque para evitar la bancarrota. Exigen al promotor crear una entidad urbanística de conservación a cambio de tramitarle ipso facto la licencia de primera ocupación y de la recepción de las obras de urbanización.

Guía para entender esta batalla urbanística municipal

¿Qué demandan los alcaldes más enladrillados?
Exigen a los promotores tasas e impuestos (el ICIO) por las promociones y los proyectos de urbanización que están enmarcados en los Planes Parciales.

¿Qué es el Plan Parcial?
Es un instrumento de ordenación de cada uno de los sectores definidos por el Plan General de Ordenación Urbanística de una localidad. Establece un dibujo detallado para la posterior ejecución de las obras de urbanización.

¿Qué es el ICIO?
El ICIO es un impuesto que grava la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exige la obtención de una licencia de obras. Este último es el requisito fundamental.

¿Qué dice la Justicia?
El Tribunal Supremo ha expresado, en varias sentencias, la ilegalidad de esta práctica. “La aprobación de un proyecto de urbanización no constituye hecho imponible, dado que en sí misma no requiere licencia de obras, siendo improcedente la imposición de tasas por tal licencia, lo que conlleva la inexigibilidad del ICIO”.