El sistema de módulos es un nido de facturas falsas”, dijo a CincoDías la semana pasada el portavoz de los inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre. Y precisamente la tributación de los autónomos será una de la áreas prioritarias de control en el nuevo plan contra el fraude que el Gobierno presentó el viernes.

Un autónomo o pequeño comercio que se acoge al sistema de módulos tributa no por los beneficios reales que obtiene sino por una serie de parámetros (dimensiones del local, consumo de luz, personal empleado). Y, además, tiene menos obligaciones formales y burocráticas.

Este sistema posibilita, entre otros, un fraude muy común: el autónomo que tributa en módulos emite una factura falsa para otro empresario que paga el IRPF en estimación directa o en el impuesto de sociedades. Ello no supone ningún sobrecoste para el modulero (paga lo mismo independientemente de lo que facture) mientras que el receptor de la factura puede deducirse el IVA e incrementar sus gastos, lo que permite, a su vez, reducir la base imponible en el impuesto de sociedades.

El Gobierno reconoce la existencia de este fraude y pondrá en marcha una “prueba piloto”. Una delegación de Hacienda se centrará en la investigación en módulos “para obtener datos fiables que determinen la dimensión” del problema. Además, los departamentos de inspección y gestión elaborarán un “protocolo de comprobación específico para los supuestos de emisiones de facturas falsas”. En cualquier caso, el Gobierno rechaza modificar la legislación de módulos, un vieja reclamación de los inspectores.

El plan integral de prevención y corrección del fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social que presentó el Gobierno el viernes implica reducir la vigilancia sobre el fraude inmobiliario para centrarse en la evasión del pago de cotizaciones. El objetivo último pasa por lograr que aflore el “trabajo no declarado”. Por ello, la nueva estrategia pivota sobre la colaboración entre la inspección fiscal y laboral. Ambos departamentos compartirán bases de datos y, en los casos más graves, una comisión mixta entre Hacienda y la Seguridad Social coordinará las actuaciones. Además, se fijarán criterios conjuntos en operaciones de embargos para evitar solapamientos. Esa alianza debe servir para poner fin a los falsos autónomos, es decir, aquellos asalariados que figuran como autónomos. Ello permite a las empresas ahorrarse el pago de las cotizaciones sociales. En la misma línea, Hacienda y Trabajo también se aliarán para detectar a empresas que se aprovechan de la figura del becario para “obtener mano de obra barata”.

El plan contra el fraude aprobado en 2005 -centrado en el sector inmobiliario y que seguirá en vigor- permitió ingresar 8.120 millones el año pasado. Sin embargo, la nueva situación económica supondrá que los ingresos derivados de ese plan se reduzcan en unos 3.000 millones en los próximos años. Esta caída, según el Gobierno, será contrarrestada por las nuevas medidas, que permitirán ingresar 4.000 millones adicionales en 2013. Así, el aumento neto de la recaudación supondrá unos 1.000 millones de euros.

El Gobierno ultima acuerdos con siete paraísos fiscales

La fuerte presión contra los paraísos fiscales está provocando que muchos territorios opacos pongan en marcha convenios fiscales para salir de las listas de la OCDE. Actualmente, España ultima acuerdos con siete territorios considerados off-shore: Islas Caimán, Jersey, Isla de Man, Singapur, Hong Kong, Suiza y Luxemburgo. Por otra parte, con Andorra -que aún figura en la lista de paraísos fiscales de la legislación española- el acuerdo fiscal es total y sólo falta el visto bueno del Parlamento. Con Antillas Holandesas y Aruba ya se han firmado convenios que han entrado en vigor. Además, en las próximas semanas, Hacienda empezará a negociar convenios con Panamá y Guernesey. Para las empresas resulta especialmente importante el acuerdo con Panamá, ya que compañías como Sacyr están trabajando en la ampliación del canal y un posible acuerdo fiscal evitaría la doble imposición.

Los ‘todo a cien’ recibirán la visita de los inspectores

Las tiendas conocidas como todo a cien, “que mantienen abierto el local hasta horas muy tardías” están en el punto de mira del nuevo plan contra el fraude. “Si los trabajadores no trabajan a turnos, su jornada necesariamente ha de ser muy superior a la legal”, indican fuentes de la Seguridad Social.

Si bien el Gobierno sostiene que en esos negocios los empleados suelen estar vinculados por relaciones familiares, la Seguridad Social pondrá en marcha una campaña para detectar posibles fraudes de trabajo no declarado. En los próximos meses se iniciarán las actuaciones de control de este tipo de establecimientos que abundan en las grandes ciudades. Se dedican, normalmente, a la alimentación y al textil. La inspección se fijará en si las prendas de vestir mantienen “precios notoriamente inferiores a los usuales”. Y, si los artículos se producen en España, indagará para conocer las condiciones de los trabajadores.

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