El pasado 29 de abril de 2010 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Esta Ley deroga la normativa de rango legal que actualmente regulaba la materia, la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, e incorpora al Derecho español la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.

En términos generales, la Ley mantiene el espíritu de la Directiva, consagrando como principio sobre el que gira la nueva regulación el denominado principio del “risk approach”, basado en la posibilidad de ponderar las medidas preventivas que deben poner en práctica los sujetos obligados en función del riesgo asociado a sus negocios y, en particular, a cada categoría de clientes. En este sentido, la propia Ley, articula tres niveles de diligencia debida (estándar, simplificado y reforzado) atendiendo al riesgo asociado a cada actividad desarrollada por los clientes.

Adicionalmente, se contempla, bajo determinados límites, la posibilidad de externalizar en terceros la aplicación de las medidas de diligencia debida a excepción de las medidas de seguimiento continuo de la relación de negocios.

Entre los sectores de especial riesgo, la Ley regula, por exigencia comunitaria, el refuerzo de las medidas preventivas en aquellos casos en los que las empresas mantengan relaciones de negocio con personas con responsabilidad pública (Personas Expuestas Políticamente o PEPs, atendiendo a la definición de la normativa comunitaria).

Debe indicarse que la nueva Ley adopta un concepto más amplio de la expresión “blanqueo de capitales”. Es de resaltar que, como principio general, el blanqueo parte de la existencia de bienes procedentes de una actividad delictiva, sin cualificaciones sobre los delitos de los que procedan dichos bienes. En contraposición a la legislación anterior, cuyo ámbito de aplicación se limitaba a los bienes procedentes de delitos castigados “con pena de prisión superior a tres años”, la nueva Ley indica, con mayor precisión, que existirá blanqueo de capitales siempre que se trate de ocultar la apariencia de bienes procedentes de actividades ilícitas, con independencia de la sanción con que dichas actividades ilícitas estén sancionadas.

Asimismo, la nueva Ley incluye explícitamente, entre los productos susceptibles del blanqueo, las cuotas defraudadas en los delitos frente a la Hacienda Pública. Este hecho acaba con la discusión, al menos en el terreno doctrinal, de si el delito fiscal puede ser un delito precedente del delito de blanqueo de capitales.

En materia de prevención de la financiación del terrorismo, cabe señalar que se pone fin a la dispersión normativa vigente hasta ahora, unificándose en la Ley el régimen de prevención de la financiación del terrorismo con el de prevención del blanqueo de capitales, sin perjuicio de que la Ley 12/2003, de 21 de mayo, seguirá en vigor para todo aquello relativo al bloqueo de fondos, bajo el ámbito del Ministerio de Interior. Igualmente, la Ley incorpora, a sus solos efectos, una definición de financiación del terrorismo.

Otra de las novedades que incorpora la nueva Ley 10/2010 es la refundición de la regulación en materia de movimientos de medios de pago, cuyo desarrollo reglamentario estuvo antes recogido en el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior, y en la Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en efectivo en el ámbito de prevención del blanqueo de capitales. Los umbrales cuantitativos contemplados actualmente por la citada Orden que determinan la obligación de declarar los movimientos de medios de pago (10.000 euros para entradas o salidas en territorio nacional de medios de pago y 100.000 euros para movimientos dentro del territorio nacional) se recogen ahora en una norma con rango de Ley, con la consiguiente habilitación a favor del Ministerio de Economía y Hacienda para posteriores modificaciones de los citados umbrales.

Finalmente, es importante destacar que la nueva Ley 10/2010 crea nuevos sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo: en el campo de las entidades financieras, aquellos sujetos que debido a su reciente creación no estaban incluidos en el ámbito subjetivo de la normativa derogada (Empresas de Asesoramiento Financiero y personas físicas o jurídicas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos); y en el ámbito de las entidades no financieras, se incluyen entre los sujetos obligados a los sujetos dedicados al comercio en efectivo con bienes de alto valor, considerándose alto valor el que exceda de 15.000 euros.

La nueva Ley tiene un marcado carácter reglamentista y contiene la regulación de numerosas previsiones contenidas hasta ahora en el Reglamento de la ya derogada Ley 19/1993, lo que se traduce en un texto notablemente más extenso que el actual. No obstante lo anterior, dado el amplio ámbito subjetivo de la norma y de las numerosas tareas y obligaciones de control que contempla, se requerirá en muchos casos un posterior desarrollo reglamentario cuyo alcance a día de hoy se desconoce.