La decisión de reactivar el impuesto sobre el patrimonio, que previsiblemente adoptará el Consejo de Ministros este viernes, a petición del candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, parece más bien una maniobra populista, con tintes claramente electoralistas, antes que una acción de Gobierno seria y coherente.

El impuesto sobre el patrimonio, en opinión de buena parte de los expertos fiscales, penaliza a aquellos ciudadanos que han optado por el ahorro, tan necesario para una economía como la española, comporta en muchos casos una doble imposición y, además, tiene una escasa capacidad recaudatoria. Paradójicamente, los más castigados por este tributo no son las grandes fortunas, sino las clases medias. Por todo ello, en Europa sólo lo mantienen cuatro países y, por las mismas razones, el presidente Zapatero eliminó este gravamen en el año 2007, con efectos a partir del 1 de enero del 2008, después de que ya lo hubieran hecho muchas de las comunidades autónomas a las que estaba cedido. Por tanto, como hemos dicho, la decisión de reactivarlo ahora sólo puede obedecer a pura táctica electoralista para intentar satisfacer a un sector de los votantes socialistas, molesto con la reciente reforma de la Constitución que establece el equilibrio presupuestario, mientras se infunde desconfianza e inseguridad jurídica en el resto de los contribuyentes.

La intención adicional de gravar a las grandes fortunas que subyace detrás de la decisión de reactivar el impuesto sobre el patrimonio, al igual que ha hecho Francia y también lo intenta Italia, es asimismo más voluntariosa que efectiva. En realidad, a cambio de una relativamente escasa recaudación se propicia una eventual evasión fiscal, con efectos mucho más negativos para la economía del país en cuestión que los beneficios que se pretenden obtener.

Lograr una mayor tributación efectiva de las grandes fortunas internacionales, incluidas las españolas, exigiría una acción global y coordinada a escala internacional, que hoy por hoy resulta imposible de poner en marcha. La única alternativa efectiva para hacer tributar más a los grandes capitales sería la desaparición de los paraísos fiscales, como en su momento propuso el G-20, sin que hasta ahora la iniciativa haya prosperado. Otra alternativa en estudio por la Unión Europea es la creación de una tasa para gravar las transacciones financieras internacionales. Pero incluso esta tasa podría tener efectos negativos para la inversión en la eurozona si la propuesta de Bruselas no es compartida por las otras grandes regiones económicas del mundo.

Vía: La Vanguardia.